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Desde hace unos años, el discurso del presidente Aznar en la cena del Partido Popular en Menorca marca, en cierto modo, el fin del verano político a nivel nacional y el inicio del nuevo curso. En esta ocasión, cobra una especial relevancia al tener lugar dos días antes del pleno del Congreso de Diputados en el que, por una amplia mayoría, con los votos del PP y PSOE, se aprobará la iniciativa parlamentaria que pondrá fuera de la ley a Batasuna, «el brazo político del terror», como dijo José María Aznar, añadiendo a continuación algo que no puede pasar desapercibido: que la ilegalización de Batasuna sólo se conseguirá «si así lo deciden los tribunales». No será, pues, ni podría serlo, una mera decisión de los partidos políticos.

Como era previsible, el presidente se refirió con palabras emocionadas al terrible atentado de Santa Pola: «A ninguno se nos olvidará el terror de Santa Pola y Torevieja. Nunca podremos olvidar todo el daño que se ha hecho y el que se ha querido hacer y no se ha conseguido». Y a continuación, una advertencia en toda regla: «No les vamos a dar ni un minuto, ni un segundo de respiro. Se acabó el 'santuario institucional'. En el juego democrático no pueden estar los que lleven las pistolas».

Ciertamente, puede haber discrepancias con los matices, pero no con el fondo de la cuestión. La inmensa mayoría de la sociedad española condena el terrorismo y a sus cómplices. Y no desea permanecer impasible frente a quienes se esconden tras la apariencia de un partido político para ayudar a los que ponen las bombas.

El paso dado por Aznar y Zapatero conlleva algunos riesgos y plantea graves incertidumbres. Los atentados no se acabarán. Quedan días negros por venir, pero quienes favorecen la estrategia del terror ya no tendrán cobertura legal alguna. La linea divisoria entre terroristas y demócratas estará más clara que nunca.