Los datos del Colegio de Aparejadores sobre Mallorca, ponen de
manifiesto que durante los siete primeros meses del año, el número
de viviendas visadas en edificios plurifamiliares se redujo un 36
por ciento respecto del mismo periodo del año anterior; el número
de edificios plurifamiliares visados descendió un 26 por ciento;
mientras que el número de viviendas adosadas visadas cayó un 34 por
ciento. El comportamiento de los visados de vivienda unifamiliar
aislada (chalets), única forma de edificación permitida por la
moratoria urbanística del Consell, registra una reducción del 12
por ciento.
La comparativa en los visados de obra registrados en los últimos
cinco años comprende dos periodos con tendencias contrapuestas.
Registra una tendencia alcista entre 1998 y 2000 con un crecimiento
del 32 por ciento, para después descender hasta el actual año 2002
y situarse en una caída del 21 por ciento respecto de 1998. Además,
por primera vez en el último lustro, el número de viviendas
finalizadas en Mallorca entre los meses de enero y julio de este
año (5.363) "pese a caer un 8 por ciento respecto del mismo periodo
del año anterior" es superior al número total de viviendas visadas
(4.936).
Finalmente, el número de edificios plurifamiliares de viviendas
finalizados en Mallorca entre los meses de enero y julio de este
año se sitúa en 639, por lo que desciende un 15 por ciento respecto
a 2001.
El decano del Colegio de Aparejadores, Jaume Gibert Salamanca,
afirma que la moratoria urbanística del Consell de Mallorca
empezará a destruir empleo en el sector a partir de principios del
año 2003. Las causas de este retraso son, en primer lugar, el
carácter de la construcción como una actividad de ciclo largo
"actualmente todavía se construyen edificios visados hace más de
dos años" y, en segundo lugar, por el hecho que actualmente varios
ayuntamientos de Mallorca "Palma, Calvià, Llucmajor, Marratxí y
Andratx" están concediendo licencias de obra para promociones
plurifamiliares importantes, de entre 600 o 700 viviendas en total,
que fueron solicitadas antes de la entrada en vigor de la norma
cautelar del Consell de Mallorca y retrasadas hasta ahora en su
tramitación administrativa, lo cual es plenamente legal.
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