El Tribunal Supremo ha rechazado de plano la posibilidad de que el
ministro Jaume Matas preste declaración en calidad de imputado en
el «caso Bitel». La causa fue abierta en el año 2000 por un
supuesto delito de espionaje cometido, al parecer, por dirigentes
del PP "entre ellos Matas cuando presidía el Govern" en la cuenta
de correo electrónico del socialista Francesc Quetglas. El auto
señala que «no existen razones fundadas para considerar imputado» a
Matas. Por ello, descarta asumir la competencia para investigar el
«caso Bitel» y lo remite a la Audiencia de Palma. El Supremo, no
obstante, también tiene que pronunciarse sobre el «caso
Formentera», en el que también el PSOE pide que se impute a
Matas.
En un auto de la Sala de lo Penal, el Supremo acuerda que no es
competente para instruir el «caso Bitel» y, por ello, enjuiciar
esta investigación, por lo que considera que «no hay lugar a
acordar recibir declaración en calidad de imputado» a Jaume Matas.
Los magistrados explican que «no cabe pensar, razonablemente que la
declaración de dicho aforado pudiera esclarecer algunos de los
extremos de la minuciosa instrucción llevada a cabo hasta el
momento». Destaca que «es ciertamente significativo que, tras una
minuciosa judicial de los hechos denunciados, llevados a cabo
durante más de dos años no se haya podido acreditar siquiera
indiciariamente la realidad del hecho delictivo denunciado, como
tampoco la persona o personas directamente implicadas en estos
hechos».
Añade el Supremo que «llama poderosamente la atención, también,
el hecho de que el redireccionamiento denunciado haya permanecido
tras el cambio operado en el Govern balear». Ahora, corresponde a
la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma decidir si
archiva esta investigación, después de que el juez de instrucción
de Baleares declarara que no existían indicios de que el
redireccionamiento del correo electrónico hubiese sido hecho
intencionadamente y tampoco de que alguno de los imputados se
hubieran apoderado de los mensajes del citado correo electrónico
para descubrir los secretos de su titular o vulnerar su
intimidad.
Las investigaciones sobre el «caso Bitel» se iniciaron a raíz de
una denuncia presentada en 2000 por el Pacte de Progrés que acusa a
Matas de espiar supuestamente, entre 1998 y 2000, a través de su
entonces secretario, Sebastià Vallori, el correo electrónico del ex
presidente de la Comissió Insular d'Urbanisme de Mallorca, Francesc
Quetglas, actual conseller d'Obres Públiques del Govern. La
Audiencia de Palma revocó el archivo ordenado por el juzgado y
remitió la causa al Supremo al considerar «el hecho indiscutible,
no controvertido y admitido por todas las partes» de que existió un
indebido redireccionamiento del correo electrónico.
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