En el País Vasco se suceden con enervante constancia las buenas
y las malas noticias. A la excelente noticia del desmantelamiento
de parte importante "si no toda" de la cúpula etarra, un nuevo
éxito policial en la lucha contra el terrorismo, los asuntos
políticos continúan enredándose cada día más. Es evidente "nadie
podría siquiera discutirlo" que la guerra de los demócratas contra
los que se valen de las pistolas debe ser firme, contundente y sin
tregua, armados con todos los recursos que permite la ley. Por eso
resulta sorprendente que un juez de la Audiencia Nacional como es
Baltasar Garzón tenga que intervenir para decidir si prohíbe o no
manifestaciones para protestar por los últimos acontecimientos.
Aunque igualmente resulta absurdo el intento del Gobierno vasco
de responder a esas actuaciones judiciales con querellas por
prevaricación. A menudo parece que tanto en Euskadi como en Madrid
se ha perdido el norte respecto al enemigo común: el terror. A
nadie perjudica más la violencia etarra que a los propios vascos y
por eso no hay que dudar un instante a la hora de crear un frente
común, por más que sean los aspectos que separan a nacionalistas y
constitucionalistas, porque siempre serán más importantes los lazos
que les unen, por encima de partidismos y, sobre todo, de
electoralismos.
Ahí es donde se demuestra la altura de un político y ahí es
precisamente donde pinchan casi todos, incluido el magistrado, que
en demasiadas ocasiones parece más interesado en su propia
publicidad que en el ejercicio de la justicia pura y dura, que debe
llevarse a cabo siempre bajo el más escrupuloso cumplimiento de los
fundamentos de la democracia: la defensa de las libertades y la
separación de poderes. Hay que cumplir la ley pero sin que el poder
judicial invada las legítimas competencias del Ejecutivo y del
Legislativo, sean éstos estatales o autonómicos.
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