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El debate de política general en el Parlamento vasco nos tenía preparada una sorpresa de enorme calado. El lehendakari Ibarretxe lanzó un órdago sin precedentes al Gobierno central al plantear claramente un proyecto que culminaría "de conseguir que saliera adelante, cosa más que dudosa" en un «nuevo pacto político» basado en la libre asociación del País Vasco al Estado español. Una idea revolucionaria que nadie en este país se había atrevido hasta hoy a poner sobre la mesa. El proceso empezará a dilucidarse en doce meses, cuando el borrador esté terminado y sea puesto a votación en un referéndum "sin exclusiones" entre la población vasca. Con la condición, eso sí, de que la violencia etarra haya cesado para entonces. El lehendakari propone utilizar las vías legales que existen en la actualidad para alcanzar ese nuevo estatus, siempre, claro, que el pueblo le dé la razón.

Pero eso no es todo. También Ibarretxe se destapó con que va a asumir las 19 competencias que contempla el Estatuto y que Madrid no ha transferido aún, en una decisión unilateral que a buen seguro provocará un terremoto en La Moncloa. De entrada, Mayor Oreja ya ha calificado la propuesta de «desafío, declaración de ruptura y de guerra política», lo que da una idea de por dónde irán los tiros en las relaciones inmediatas entre ambas instituciones, que abandonaron hace mucho la vía del diálogo. Si el fiscal general planteaba días atrás la posibilidad de suspender la autonomía vasca por la rebeldía de sus dirigentes, esto último puede ser la gota que colme el vaso. Aunque aún es pronto para extraer conclusiones claras sobre un proyecto demasiado joven, la situación creada "inmediatamente después, además, de un atentado etarra" no podría ser más explosiva.