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El proyecto de reforma de la política agraria comunitaria viene siendo objeto de agrias discusiones en el seno del Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea. La reducción de las ayudas y el descenso de los precios garantizados son básicamente los motivos que causan un enfrentamiento de posturas entre los responsables de la UE y los respectivos representantes de los ministerios de los distintos países. Ahora disponemos ya del denominado estudio de impacto, presentado recientemente por nuestro ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete.

Los datos de dicho estudio, recientemente presentado, no pueden resultar más alarmantes.
De prosperar el proyecto de reforma, en España dejarán de cultivarse 1'75 millones de hectáreas "casi el 25% de la superficie agrícola actual" al tiempo que se perderán más de un millón de jornales anuales. Los márgenes brutos de los cultivos de secano se reducirán entre un 20% y un 80%, mientras que los cultivos de regadío sufrirán una pérdida de rentas del 15% al 30%. Todo ello se debería a la reducción de las ayudas, al descenso de los precios garantizados, como ya hemos apuntado, y a una desvinculación de las ayudas de la producción real. En conjunto se produciría un abandono de cultivos tan fundamentales y enraizados en la producción de nuestro país como la cebada o el trigo, al establecerse que carecerán de interés económico aquellos cultivos con rendimientos inferiores a 2'5 toneladas por hectárea.

No creemos decir nada nuevo al afirmar que desde su ingreso en Europa, España viene siendo objeto de un trato, si no discriminatorio, extraño, en todo lo referente al sector agropecuario. Los intereses de otros países "recuérdese el asunto de los lácteos con Francia" más caracterizados en el marco continental, priman sobre los nuestros. Hora sería que ello dejara de ser así. Especialmente en momentos como los presentes, en los que expertos de distintas disciplinas abundan en la idea de potenciar la agricultura como una reserva ante lo que depara un incierto futuro.