El president del Govern, Francesc Antich, manifestó ayer que el
recurso que prepara la Conselleria d'Interior en relación a la
sentencia del TSJB que ha anulado parte de las 387 plazas de libre
designación para funcionarios «intentará dar una explicación clara
de las razones que justifican la necesidad de éstos cargos». Según
Antich, de la resolución se desprende que el Govern «no ha
explicado de forma satisfactoria por qué se crean estos puestos de
trabajo, razón por la cual Interior intentará explicarlo delante
del tribunal».
En el mismo sentido se manifestó ayer el director general de la
Funció Pública, Jaume Colom, quien confirmó que en el recurso
contra la sentencia, el Govern razonará los puestos de trabajo de
libre designación. Colom cuantificó en 88 los funcionarios
afectados, mientras que Comisiones Obreras aumentó esta cifra hasta
110. Colom quiso «relativizar la importancia de la sentencia», y la
enmarcó dentro de la campaña de los comicios sindicales en la
Administración autonómica. Según el director general de Funció
Pública, la resolución no discute la legalidad del sistema de libre
designación, «sino que sólo es que no encuentra justificación
suficiente para una serie de plazas».
Jaume Colom adelantó que se han producido otras dos
modificaciones posteriores del catálogo de puestos de trabajo de la
Comunitat Autònoma por la vía de la libre designación, que están
también impugnadas. El director general recordó que en casi cuatro
años sólo se había contabilizado una sentencia desfavorable en
cuestiones de personal, en lo que se refiere a la bolsa de
interinos, y dijo que con las oposiciones, los concursos de
traslado, la objectivización de las comisiones de servicios y la
funcionarización de los trabajadores laborales, «el clima general
es positivo para los funcionarios».
Según dijo el director general de Funció Pública, en estos
momentos puede hablarse de paz social en la Administración
autonómica, después de las protestas de los trabajadores del sector
producidos a finales del año pasado. No piensa así el sindicato
Comisiones Obreras (CC OO), que impugnó la modificación de
catálogo. El secretario general de la Federación de
Administraciones Públicas, Fernando González, criticó el modelo del
Govern «que es diferente a su discurso político», al tiempo que
pidió su modificación.
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