Las estadísticas reflejan que el año que cerramos ha sido el
peor desde 1993 en cuanto a la evolución del mercado de trabajo. Lo
que significa que, lejos de los fríos datos de contrataciones y
despidos, hay 113.224 personas que han perdido su empleo el año
pasado, con lo que eso conlleva en muchísimos casos de drama
personal, de situaciones límite y de momentos difíciles. Pero eso
no es lo peor, porque tras ellos hay más de 1.600.000 desempleados
en España, una cifra intolerable en un país que pretende estar en
el selecto club de las naciones que gozan del Estado del
Bienestar.
El ministro Zaplana asegura que no se destruye empleo en nuestro
país, a pesar de que las cifras revelan que el 40% de las empresas
de más de 51 empleados ha reducido su plantilla. Y achaca el
aumento del paro al hecho de que crece constantemente la población
activa. Una visión que contrasta con la del sindicato UGT, que no
ha dudado en calificar 2002 como «un año pésimo para el mercado
laboral español». Y no es de extrañar, si tenemos en cuenta que,
por ejemplo en diciembre, se firmaron casi un millón de nuevos
contratos en nuestro país y sólo 81.000 fueron indefinidos, lo que
lleva a la central sindical a afirmar que «ante estas cifras caben
pocos triunfalismos».
¿Los culpables? Los sindicatos apuntan a la última reforma
laboral emprendida por el Gobierno, que ha dado «sustanciosas
bonificaciones a las empresas y pobres beneficios a la reducción de
la temporalidad». Que el Gobierno sea el responsable de esta
situación es muy discutible, pero lo que sí es cierto es que desde
el Ejecutivo deben reaccionar con firmeza para afrontar los cambios
que sean necesarios para intentar resolver el primer reto de este
país sin caer en la trampa de matizar los datos para eludir el
verdadero alcance del problema.
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