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Los datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA), que miden la actividad laboral en el país, no inducen precisamente al optimismo. Y no sólo porque ponen de relieve aspectos tan preocupantes como que España es el país de la Unión Europea con más desempleo y en el que más ha crecido el paro en el último año -el 12%, el peor dato de variación interanual de los últimos diez años, sino por la situación que traducen. Siendo en sí grave que casi un cuarto de millón de españoles se quedaran en paro en el 2002, aún resulta más serio el constatar que no se ha aprovechado el crecimiento económico de años anteriores.

Dicho de otra manera, se puede establecer que en gran medida ese crecimiento no ha generado empleo porque no se ha basado en una inversión duradera. Hoy, el 11'45% de la población española no tiene trabajo porque no se ha sabido rentabilizar un período de bonanza sin igual. Es bien cierto que fruto de los pactos sociales se ha dado un aumento de la «calidad» del empleo, reflejado en el mayor número de contratos indefinidos firmados.

Elo, no obstante, se ve obscurecido por el hecho de que nos encontremos con 2.400.000 ciudadanos en edad laboral que no consiguen acceder al mercado de trabajo. Lo que supone, por así decirlo, un formidable desperdicio de una fuerza laboral francamente importante. Aquí, no se ha fomentado en la medida que era necesaria la inversión pública, ni tampoco la privada,que son las que a larga garantizan la creación de puestos de trabajo estables. Y en este sentido no es preciso ser un experto para colegir que el Gobierno está obligado a dar un giro en su política económica. De no hacerse así, viviremos la paradoja de tener una economía que, junto a datos que nos sitúan entre los países más adelantados, presenta otros propios de países en franca recesión.