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La decisión del Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia en orden a ratificar que los sospechosos de terrorismo confinados en la base norteamericana de Guantánamo carecen de derechos legales en Estados Unidos sitúa a estos presos en una situación de indefensión jurídica que, tecnicismos legales aparte, tan sólo admite una caracterización: atropello, atropello de los derechos humanos. El fallo del citado tribunal se fundamenta en otro que el Supremo emitió tras la Segunda Guerra Mundial por el que negaba las garantías procesales reconocidas en la Constitución norteamericana a prisioneros alemanes detenidos en China.

A mayor abundamiento, los magistrados también han argumentado que, en este caso, los Estados Unidos no tienen jurisdicción sobre la base militar de Guantánamo al estar ubicada en terrirorio cubano. Es decir, que los prisioneros no pueden recurrir ante los tribunales la presunta inconstitucionalidad de sus restricciones de libertad por la sencilla razón de que no están amparados por la Constitución. Algo que llama poderosamente la atención, si tenemos en cuenta que los Estados Unidos hacen valer la extraterritorialidad de sus leyes en todo el mundo ignorando leyes y tribunales internacionales, precisamente para proteger a sus ciudadanos.

Vulgarmente a esto se le llama la ley del embudo. Mientras, 650 seres humanos llevan 14 meses encerrados, sin haber tenido acceso a un abogado ni a sus familias, sin haber sido formalmente acusados de delito alguno y sobreviviendo en durísimas condiciones. Los familiares de los 16 detenidos que han presentado el recurso piensan llegar ahora al Supremo, por más que el ambiente hoy imperante en los Estados Unidos hace pensar que las posibilidades de que dicha instancia anule la decisión ahora tomada son escasas.