La modificación de las Directrices de Ordenación del Territorio
(DOT) para poder construir un campo de polo en Campos ha desatado
una auténtica batalla política y jurídica. En pleno debate de la
reforma de las DOT, el diputado socialista Francesc Quetglas
advirtió al nuevo Govern que los promotores de dicho campo de polo
ya habían sido indemnizados. Quetglas acusó a los populares de
reformar una ley para poder así «regalar una urbanización que ya ha
sido indemnizada». La consellera Mabel Cabrer anunció que reclamará
un informe jurídico para conocer las consecuencias del pago de
dicha indemnización.
Este caso pone en evidencia muchas cosas. Por una parte, ha
quedado demostrado que no todos los acuerdos del Consell de Govern
se hacen públicos, lo que deja a los ciudadanos en una situación de
franca indefensión, a la par que arroja dudas sobre si fue éste el
único acuerdo de entidad del que no se informó o si existen otras
decisiones secretas que nunca se conocerán. El anterior Ejecutivo
debería explicar por qué no informó en su momento de un acuerdo
tomado en una materia tan sensible como es la ordenación del
territorio. También es discutible la forma de actuar del ex
conseller Quetglas, al difundir ahora unos documentos que escondió
en su momento.
En tercer lugar, es indiscutible que el Govern Matas ha sido
pillado en un claro fuera de juego. En casi cien días, el nuevo
Ejecutivo, con todo su equipo de asesores, ha tenido tiempo más que
suficiente pare revisar los últimos acuerdos tomados por el
Ejecutivo saliente. ¿Acaso no obra en el departamento
correspondiente un expediente sobre el proyecto del campo de polo
con los informes de los funcionaros que tramitaron el asunto?
Ahora llegan los lamentos, las dudas y las críticas políticas,
pero no parece que esta indemnización -que sólo se pagó por el
coste del proyecto- vaya a frenar la propuesta electoral del PP de
permitir la construcción del campo de polo.
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