La precaria situación de muchos inmigrantes es ya una preocupación
social que trasciende cada día más a las instituciones. Un 70% de
los permisos iniciales de residencia o trabajo que se solicitan en
Balears actualmente se deniegan «en virtud de la Ley de
Extranjería», informó el pasado martes el Delegado del Gobierno,
Miquel Ramis. Éste considera «absolutamente necesario» un Centro de
Internamiento de Extranjeros en la Isla, una medida que ya, en
anteriores declaraciones, ha sido rechazada por diversos
colectivos.
Estas dependencias son centros de custodia de naturaleza no
penitenciaria y de carácter temporal, en los que no es posible
permanecer más de 40 días. Sólo puede ingresarse en ellos a
extranjeros que puedan ser objeto de expulsión, devolución o
retorno.
La consellera de Presidència, Rosa Puig, aseguró ayer que «Desde
la Direcció General de Cooperació se tomarán medidas para evitar
problemas y esfuerzos innecesarios. Por una parte, se realizará una
campaña en los países emisores, donde se informará a los
inmigrantes de la situación en Balears y de las necesidades
laborales de esta zona. También se harán campañas de
sensibilización e información para agilizar los trámites». Puig
considera que es preciso «prever» la problemática. «Existe el plan
de inmigración, vigente desde 2004. A través de la Direcció General
de Planificació i Ordenació Social es preciso analizar los
resultados de este plan».
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