Qué lejos quedan aquellos tiempos en los que el PNV era un fiel
aliado del Gobierno central. Tanto que hoy casi nos parece
imposible. Y la prueba es lo que vimos ayer: altos dirigentes
peneuvistas -el presidente del Parlamento autonómico, Juan María
Atutxa, y los diputados Gorka Knörr y Kontxi Bilbao- acudiendo a
declarar al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco por su
negativa a acatar las órdenes del Supremo sobre la disolución del
grupo abertzale en la Cámara vasca.
Una situación rocambolesca que resultaría cómica si no supusiera
un duro golpe a la convivencia y a las normas que rigen la vida en
común en este país. Porque, sea cual sea la ideología particular de
cada uno y tenga las aspiraciones políticas que tenga, lo cierto
para todos los ciudadanos de esta nación es que las órdemes de un
tribunal se acatan y punto. Luego uno puede discutir, protestar y
recurrir a más altas instancias judiciales, pero siempre después de
cumplir la ley.
Pues en eso, precisamente, se basa el Estado de derecho que
tanto nos ha costado alcanzar y que disfrutamos desde hace
relativamente muy poco. De ahí que resulte incomprensible y
rechazable la actitud que últimamente ha adoptado el Gobierno vasco
-seguido muy de cerca, todo hay que decirlo, por el de Moncloa- de
aprovechar cada circunstancia, cada situación y cada excusa para
alimentar una absurda guerra entre instituciones que no conduce a
nada. Y en ese marco se inscriben las ridículas declaraciones de un
Xabier Arzalluz exaltado pidiendo a los vascos que salgan a la
calle si Atutxa resulta condenado.
No es así como se construye un país ni una sociedad, al menos si
aspiramos a la normalidad, a la convivencia pacífica y al progreso.
Ahora, como siempre, la palabra la tiene la Justicia.
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