Según la tesis del Govern, ningún Gobierno puede modificar un
acuerdo adoptado previamente y sin el consentimiento de la otra
parte. Además, el convenio contempla la encomienda de gestión por
parte del Govern. Es decir, el Ejecutivo balear puede tramitar los
expedientes de todas las carreteras y posteriormente solicitar el
dinero al Ministerio de Fomento. Esta cláusula, según el Govern,
blinda aún más el contenido del convenio.
Al margen de este convenio, el Ejecutivo tampoco teme que pueda
haber cambios en relación a la planificación energética de Balears.
El conseller d'Energia, Josep Juan Cardona, sostiene que el cable y
el gasoducto están incluidos en el plan energético nacional y que,
por lo tanto, es improbable que haya cambios. De hecho, los propios
socialistas apoyaban estas dos infraestructuras -sobre todo el
gasoducto- cuando estaban en el Govern. Las empresas encargadas de
poner en marcha estas infraestructuras ya han impulsado los
proyectos para que sean una realidad en las fechas previstas.
En cambio, desde el Govern sí temen que el cambio de Gobierno
tenga importantes consecuencias en el intento de conseguir más
financiación en materia sanitaria y educativa. Matas ya anunció en
el Parlament en el mes de octubre que intentaría lograr más dinero
para estas competencias en esta próxima legislatura, después de las
elecciones. Con el PSOE en Madrid, la negociación no será tan fácil
como el Govern se esperaba. Sin embargo, el president del Ejecutivo
espera contar con la colaboración de Antich, quien ha reconocido
durante los últimos años que la financiación sanitaria y educativa
es insuficiente.
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