El Consell de Govern, a propuesta del conseller de Comerç,
Indústria i Energia, Josep Juan Cardona, aprobó el pasado día 26 de
marzo un decreto que impide la instalación en Balears de nuevas
empresas de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) como mínimo
durante los próximos 18 meses. El decreto, que entró en vigor ayer,
un día después de su publicación en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears (BOIB), está hecho con un sólo objetivo: evitar que
el Consell de Mallorca se vea obligado a rescatar la concesión de
los servios de ITV, en manos de la empresa Fomento. Según las
estimaciones realizadas por los técnicos, la institución insular se
vería obligada a pagar unos 12 millones de euros por recuperar la
concesión. Las razones que han obligado al Govern a aprobar este
decreto para salvaguardar las finanzas de la institución insular
hay que buscarlas en los polémicos decretos de liberalización
aprobados en el año 2000 por el vicepresidente del Gobierno y
ministro de Economía, Rodrigo Rato. El decreto referido a las
medidas urgentes para la liberalización de las telecomunicaciones
estableció un nuevo sistema para la prestación de los servicios de
la inspección técnica de vehículos.
El decreto de liberalización permitía la concurrencia de varias
empresas para la prestación de este servicio. Sin embargo, a pesar
de que facilitaba la competencia de empresas, el decreto de Rato
creo un grave quebranto para la mayoría de las comunidades
autónomas, que tienen este servicio en régimen de concesión
administrativa. El Consell de Mallorca es una de las
administraciones afectadas, ya que es la empresa Fomento la que
realiza las inspecciones por medio de una concesión del Consell. Al
pasarse del sistema de concesión al sistema de autorización
administrativa, el Consell se veía obligado a rescatar la concesión
con la compra de las instalaciones de la ITV más el pago del lucro
cesante. Dado que la concesión a Fomento finaliza en el año 2018,
los técnicos del Consell han estimado que el coste de rescate del
servicio ronda los 12 millones de euros. Tres de ellos corresponden
al pago de las instalaciones y, el resto, al lucro cesante
correspondiente a los beneficios estimados para los próximos 15
años.
De esta forma, las medidas liberalizadoras en materia de ITV no
se aplicarán, como mínimo, hasta dentro de 18 meses, plazo en el
que acaba la moratoria del Ejecutivo balear. El decreto aprobado
por el Govern a propuesta de Josep Juan Cardona fija además que
quedarán en suspenso todas las solicitudes de instalación de nuevos
servicios de inspección de vehículos que se hayan presentado desde
el año 2003. El decreto aprobado por el Govern tiene carácter
temporal hasta que el Ejecutivo elabore una nueva normativa
autonómica que regule los criterios a la hora de autorizar nuevas
instalaciones de ITV en las Islas. De esta forma, la autorización
para la instalación de estas nuevas empresas quedará regulada por
una normativa que fije los requisitos técnicos imprescindibles que
deben cumplir las empresas, así como la regulación de tarifas
máximas del servicio y horarios de apertura.
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