El Govern prohibirá fumar en los centros de trabajo a partir de 2005

El Govern prohibirá fumar en centros de trabajo, locales comerciales, y en los restaurantes y bares deberán crearse zonas para fumadores. Estas prohibiciones comenzarán a aplicarse cuando el Parlament apruebe el proyecto de ley de drogas, es decir, la normativa podría aplicarse ya a principios de 2005. «Hemos de ser drásticos», anunció ayer la consellera de Salut, Aina Castillo, durante la presentación del proyecto de ley aprobado por su departamento, cuyo contenido ya fue anticipado por Ultima Horahace algunas semanas. El Govern no contempla ningún periodo transitorio para la entrada en vigor de las normas «anti tabaco». Cuando el Parlament apruebe la Ley de Drogas, quedará prohibido fumar en la Administración pública, en centros sanitarios y educativos, centros infantiles y de ocio, así como en centros comerciales, oficinas de entidades financieras, locales donde se manipulan o venden alimentos (bares, restaurantes, supermercados y mercados), salas de cine, teatros y espectáculos, bibliotecas y museos, instalaciones deportivas cubiertas, vehículos y medios de transporte colectivos, ascensores y lugares de trabajo en locales cerrados. Además, la publicidad relacionada con el tabaco no podrá ser visible desde los centros educativos y sus mensajes no pueden estar asociados a una mejora del rendimiento físico o psíquico, al éxito social ni a efectos terapéuticos.

La norma deberá aplicarse a rajatable y el Govern prevé multas que oscilarán entre los 6.000 y un millón de euros para el incumplimiento de las normas «anti tabaco». En los restaurantes y bares deberán crearse zonas para los fumadores. Castillo explicó que esta normativa ya ha sido consensuada con el sector de la restauración para que tome medidas antes de la aplicación de la Ley de Drogas. El proyecto deja muy claro que existirá el derecho de preferencia de los no fumadores frente a los fumadores. En los puestos de trabajo de las empresas de Balears podrán crearse zonas para fumadores, pero no es obligatorio. «Hay que poner solución a este problema sanitario», recalcó la consellera Castillo. La Conselleria de Salut recurrirá a sus inspectores para garantizar que se cumpla la nueva ley.