El Consejo de Ministros aprobó definitivamente el plan
encaminado a la reducción de emisiones de dióxido de carbono, uno
de los seis gases que se admiten como responsables del
calentamiento terrestre. Dicho de otra manera, parece que de una
vez por todas el Gobierno español se muestra dispuesto a cumplir
con el protocolo de Kioto. Algo que, por cierto, no supondrá un
gran quebranto al sector industrial de nuestro país, pese a las
reticencias que en casi todo momento ha mostrado a la hora de estar
a la altura de los compromisos adquiridos.
Dicho sector se verá obligado a partir del año que viene a
gastar unos 85 millones de euros para cumplir con los objetivos
incluidos en el plan del Gobierno. Lo elevado de la cantidad puede
impresionar, pero tal impresión desaparece con facilidad si tenemos
en cuenta que tan sólo supone el 0,01% de los beneficios del citado
sector.
Nuestra industria es responsable del 40% del dióxido de carbono
que se expulsa a la atmósfera, lo que llevará a eléctricas,
refinerías de petróleo, papeleras, cementeras, etc., a verse
obligadas a disminuir sus emisiones en casi un 2,5%. Para ello
tendrán dos opciones: o bien invertir en tecnología y utilizar
materias que contaminen menos, o continuar como hasta ahora y
compensar el exceso de contaminación comprando derechos de emisión,
siendo esta última la solución preferida por la mayoría. Una
solución discutible porque no solventa lo fundamental, que es la
agresión a la atmósfera, y, por añadidura, porque es susceptible de
recaer en el usuario, que probalemente verá crecer las facturas que
se le presentan. Si se opta por pagar para seguir ensuciando, por
así decirlo, en el fondo todos saldremos perdiendo.
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