Cuando Ibarretxe abrió el melón de las reformas estatutarias
nadie podía imaginar el revuelo que se iba a formar, porque,
lógicamente, las diecisiete comunidades autónomas aspiran a
alcanzar una mejora sustancial de su financiación. Balears, la
comunidad más solidaria con el resto de España, pretende equiparar
sus derechos en materia económica a lo que exige Catalunya, que a
su vez mira hacia el modelo vasco y navarro de concierto
económico.
Parece, en cambio, que las ideas del Gobierno de Zapatero no van
por ahí y se pretende «conceder» a Catalunya una financiacion a
medida. Para el resto, el ministro Solbes plantea posturas
completamente inasumibles si queremos abordar el tema con
seriedad.
El principal problema de las autonomías es su escaso margen de
financiación, al tener cedidos desde el Estado sólo la captación de
algunos impuestos. El resto debe venir de Madrid y siempre lo hace
con cuentagotas. Las comunidades -como le ocurre ahora a Balears
sobre todo en educación, sanidad e infraestructuras- se ven
obligadas a recurrir al endeudamiento para sacar adelante sus
proyectos.
Ofrecer algunos tramos más del IRPF, como ha hecho Solbes, no
compensaría en absoluto perder la recaudación del IVA, como
pretende el ministro. Así que las posturas de unos y otros, a
priori irreconciliables, tendrán que acercarse a base de diálogo y
paciencia. Las particulares circunstancias de Balears, que añade a
la insularidad un altísimo porcentaje de inmigración, obliga a ser
muy exigentes y exigir que, paralelamente a la reforma del Estatut,
nuestra Comunitat Autónoma consiga, de una vez, una financiación
adecuada. Mientras no se resuelva esta cuestión, seguiremos
teniendo sólo un simulacro de autonomía.
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