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Balears registra un déficit fiscal superior a 3.000 millones de euros, equivalente al 16 por ciento de su Producto Interior Bruto, según datos aportados ayer por el conseller Comerç, Turisme i Consum de la Generalitat de Catalunya, Josep Huguet, correspondientes al ejercicio 2002 y en base a las estimaciones de la Fundación de Cajas de Ahorros Españolas, Funcas. Balears se sitúa así como la comunidad que más aporta a las arcas públicas y menos recibe en inversiones y servicios del Estado en relación a la riqueza generada, por encima de Catalunya (9,2 por ciento de su PIB en 2001), según los datos aportados por Huguet, quien ayer pronunció una conferencia en Palma. El conseller catalán atribuyó la situación de las dos comunidades autónomas, que calificó de «expolio fiscal permanente», al actual modelo de financiación basado en las transferencias por «coste efectivo», a la insuficiencia de la inversión pública y al reparto de los fondos europeos.

Huguet subrayó que este «problema estructural», que también sufre en menor medida la Comunidad Valenciana, tiene efectos directos sobre la economía de estos territorios y genera déficits financieros para acometer políticas públicas, por lo que afirmó que el Estado «castiga» a las comunidades que «tiran del carro». Entre los ejemplos de este «déficit fiscal» puso como ejemplo que mientras que Balears era en 1995 la sexta comunidad de España en renta bruta disponible (una vez descontados impuestos y sumados los servicios públicos), en 2003 pasó a situarse en décimo lugar, por debajo de la media de comunidades. En el mismo periodo de tiempo Catalunya descendió del cuarto al octavo puesto. «Los ciudadanos de Catalunya o de Balears deben trabajar más para llegar a fin de mes», afirmó Huguet.

El conseller detalló los ejes de la propuesta de Generalitat respecto de la modificación de la financiación autonómica, que calificó de «acuerdo fiscal federal». Apostó por introducir transparencia en el sistema mediante la distinción entre lo que se aporta para la solidaridad interterritorial y al Estado, estableciendo límites. En este sentido destacó la redistribución de recursos no puede hacer perder posiciones a las comunidades que más aportan de España en relación con las receptoras netas. Apostó por la creación de una Agencia Tributaria Catalana, por la asunción de capacidad fiscal normativa y el establecimiento de comisiones mixtas de relaciones fiscales y financieras con el Estado.