La Ley de Drogodependencias aprobada por el Govern balear, que
restringe el consumo de tabaco en locales públicos, entró ayer en
vigor. Esta norma dejará paso en apenas medio año a la ley estatal
que, con rango superior, estará vigente a partir del 1 de enero de
2006.
Es evidente que las administraciones públicas deben velar por la
salud de sus ciudadanos y, en este sentido, es comprensible que se
legisle para controlar, reducir y eliminar, en la medida de lo
posible, el consumo de tabaco. Porque toda la comunidad médica
apunta a él y a sus componentes como una de las principales causas
de mortalidad en la sociedad occidental, y ya no sólo entre los
fumadores, sino también entre aquellas personas que conviven con
ellos en un mismo espacio.
Dicho esto, cabe señalar que la nueva normativa autonómica
apenas era ayer conocida por la mayor parte de los ciudadanos. En
bares y restaurantes no sabían cómo debían actuar. En general, fue
un día más. Esto, sin lugar a dudas, denota que el Govern no ha
hecho el suficiente esfuerzo por informar de manera precisa de la
nueva norma para que todos supiéramos a qué atenernos y cómo
actuar.
Pero además, en el caso que nos ocupa, también debe hacerse un
esfuerzo para que los fumadores puedan dejar el hábito, y eso
conlleva que la Administración ponga los medios necesarios. Como
cualquier otra adicción, superar el hábito es algo complejo que
requeriría de una intervención multidisciplinar.
Hasta ahora parece que falla incluso el terreno educativo. Cada
vez los jóvenes se inician a más temprana edad en el hábito de
fumar. La ley ha entrado en vigor, pero parece que los deberes no
se han hecho bien.
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