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S. CARBONELL/ M.J./N.D.
La Conselleria de Salut i Consum dispone, desde la Direcció General de Salut Pública, de una plantilla de 30 inspectores que son los que se harán cargo de controlar el cumplimiento de la Ley de Drogodependencias y otras Adicciones que entró en vigor el pasado día 10 de julio. Fuentes de la Conselleria de Salut han manifestado a este periódico que, por el momento, el departamento autonómico no se ha planteado la posibilidad de aumentar la plantilla de inspectores sanitarios aunque no se descarta hacerlo en un futuro si se considera que el actual número de inspectores no es el adecuado para poder llevar a cabo el cumplimiento de la ley. Por su parte la consellera de Salut i Consum, Aina Castillo, recordó ayer que la Ley de Drogodependencias ya está en vigor y que las denuncias que se presenten son plenamente válidas, aunque recordó que el Govern ha decidido dar un plazo aproximado de un mes para que los empresarios habiliten sus locales a la normativa antitabaco.

«El régimen sancionador está vigente, pero lo que nosotros no haremos será enviar los servicios de inspección, no lo haremos el primer día», reiteró ayer la consellera e insistió en que una regulación contra el tabaquismo tan «novedosa» como la balear requiere un periodo «prudencial» de aplicación, pero recalcó que «si cualquier no fumador se ve perjudicado y entiende que no se está cumpliendo esta normativa, puede poner una reclamación». Si se lleva a cabo alguna denuncia, de la que no se tenía constancia en el día de ayer, «lo que haremos es instruir el expediente y hacer cumplir la normativa», concretó Castillo.

Por otra parte la consellera reiteró que el próximo viernes reunirá, por primera vez, a la comisión de seguimiento de la que forman parte la Administración y los representantes de CAEB y PIMEM con la intención de valorar estos primeros días de aplicación de la nueva normativa legal. El presidente de Bares de la Asociación de Restauración de Mallorca, Francisco Martínez, afirmó que los empresarios «están adaptando sus locales» e indicó que sólo se han producido quejas puntuales cuando algún ciudadano ha fumado en la barra de algunos bares. Martínez indicó que algunos propietarios se están planteando eliminar su oferta de comidas para poder permitir fumar.