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Que la costa española ha sufrido una importante degradación -y como ella, la balear- es una verdad de perogrullo y de ahí que el Gobierno de Rodríguez Zapatero haya decidido dar un paso valiente siguiendo el ejemplo francés. Una decisión polémica que, sin duda, suscitará opiniones a favor y en contra. Porque la idea de comprar terrenos en el litoral para preservar su virginidad y su valor paisajístico y ecológico no es nueva, pero es, sin duda, positiva si consigue los efectos deseados. Aunque resultará carísima cuando, en realidad, debería bastar con promover leyes de protección ambiental para salvar las zonas más emblemáticas de la costa.

Todos sabemos que el litoral constituye una importante fuente de negocio, pero de igual modo la costa -y España es un país que cuenta con muchos kilómetros- es todo un universo de riqueza en cuanto a belleza paisajística, flora y fauna. Saber cuantificar cuál de estas dos fuentes de riqueza es más necesaria para una nación no debería ser un problema cuando llevamos cuarenta años de turismo que, si bien nos han llevado a superar la secular pobreza nacional, también nos han dejado unas secuelas lamentables en algunas zonas concretas donde se ha construido por encima de lo aceptable.

Es, desde luego, el momento de actuar para preservar lo poco que queda virgen. La propuesta de Cristina Narbona puede resultar válida, pero la ministra y su equipo deberían pensar, además, en emplear la fuerza de la ley para salvar los paraísos naturales que todavía quedan. Legislar en cuanto a urbanismo, ordenación del territorio, promoción del turismo y gestión medioambiental son las armas de que disponemos. Se trata de usarlas con valentía.