Cuando sólo falta un año para que se conmemoren los setenta
desde el inicio de la Guerra Civil española, la organización
internacional de defensa de los derechos humanos Amnistía
Internacional ha creído necesario abordar esa tragedia que desgarró
nuestro país y cuyas consecuencias se arrastraron durante décadas.
En efecto, si todos hemos criticado en algún momento las leyes de
obediencia debida, de perdón y de silencio forzoso que se han
promovido en algunos países latinoamericanos para propiciar un paso
lo más cómodo posible desde la dictadura a la democracia, en pleno
siglo XXI la sociedad española debería hacer un esfuerzo para pasar
la página más negra de su historia.
Tres mil ciudadanos de estas Islas fueron asesinados o
desaparecieron durante la contienda, según las cifras aportadas por
Amnistía Internacional, y muchos de sus familiares no pudieron
nunca recuperar sus cuerpos o conocer cuál fue su destino. Luego
están quienes perdieron sus bienes, sufrieron persecución, torturas
y presidio, tuvieron que exiliarse...
Y si bien nuestra transición política facilitó que cuarenta años
de dictadura quedaran atrás y que España se encaminara de forma
firme y decidida hacia la democracia y la modernidad, parece
razonable mirar hacia el pasado con imparcialidad y con seny. Lejos
de reivindicar venganzas -los hechos quedan demasiado atrás-, sí
que es necesario pedir justicia para todas las víctimas, de los dos
bandos, pues en ambos se cometieron atrocidades. Para reconstruir
los hechos, dilucidar culpabilidades y restablecer la justicia será
necesaria la participación de todos los grupos políticos, sin
rencillas, y la asistencia de historiadores, supervivientes y
familiares, quizá en una suerte de «comisión de la verdad» como la
que reivindica el juez Garzón.
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