P. Candia28/07/05 0:00
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Mil puestos de trabajos en favor de la Comunitat Autònoma de Balears para una población de 1.200 reclusos con condenas leves pendientes de cumplir en Mallorca y Eivissa. Ese es el objetivo que persigue alcanzar la Fundación de Ayuda a la Reinserción Illes Balears tras la próxima firma de un acuerdo marco de colaboración con la Dirección General de Instituciones Peniteniarias.

El acuerdo prevé la gestión del cumplimiento de penas de trabajo en beneficio de la comunidad, penas de localización permanente, medidas de seguridad no privativas de libertad y colaboración en el seguimiento de la libertad condicional y la suspensión de ejecución de condenas para la reinserción social de los internos penitenciarios, según explicó ayer, en la presentación de la iniciativa, el conseller d'Interior del Govern, José María Rodríguez.

La Fundación de Ayuda a la Reinserción Social fue creada por acuerdo del Consell de Govern el 15 de octubre de 2004. En el patronato, constituido en diciembre del pasado año, se integran representantes de las consellerias de Vicepresidencia, Interior, Economia i Hisenda, Educació i Cultura, Treball i Formació. En representación de la Fundación comparecieron ayer Joan Rotger, Antoni Contestí, María del Pilar Mir, Bernat Salvá, Margalida-García Pizá, Joana Rosselló y Lluìs Grau. También estuvieron presentes representantes de obras sociales de entidades bancarias, cajas de ahorros y ONG'S.

En su exposición, Rodríguez destacó que los 1.300 penados con condenas pendientes por cumplir (que han cometido delitos considerados leves, como conducir bajo los efectos del alcohol o exceso de velocidad o drogodependientes en un priemer nivel) «no deben ser consideradas personas sin futuro».

«No se debe discriminar a los que, en algún momento de su vida, han infringido la Ley, al contrario, se les debe reisertar social y laboralmente», dijo el conseller d'Interior.

Dijo que el objetivo de la iniciativa es «buscar un mayor equilibrio social en Comunitat Autònoma de Balears», y subrayó que «todo el mundo merece una segunda oportunidad, ya que muchos ni siquiera han tenido una primera». Destacó que la Fundación representa el compromiso del Govern de actuar directa e intensamente en una materia tan delicada como es la delincuencia, tanto para garantizar el cumplimiento de las condenas impuestas por los tribunales de la Justicia, como para cumplir el atículo 25.2 de la Constitución Española.

Dijo que la Fundación de Ayuda a la Reinserción actuará de forma conjunta con todas las instancias oficiales, «ya que la prevención y erradicación de la delincuencia exige una gran coordinación de esfuerzos e iniciativas».