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Por primera vez en su historia, el Pentágono está elaborando planes para actuar en territorio estadounidense, aduciéndose que lo hará en caso de ataques terroristas. De llevarse a cabo se trataría de una decisión histórica que ya ha puesto sobre aviso a los defensores de las libertades y los derechos civiles, lógicamente preocupados ante la previsible militarización del país y el arrinconamiento de una disposición que está en vigor desde 1878. En efecto, años después del fin de la Guerra de Secesión el Congreso de los Estados Unidos, ante los desmanes cometidos por los ejércitos contendientes, uno en derrota y el otro victorioso, aprobó una ley por la que se impedía la intervención del Ejército en todo el territorio nacional, quedando este cometido a cargo de la recién creada Guardia Nacional, una tropa federal sobre la que recaía dicha competencia.

Ahora, la denominada «Pose Comitatus», que limitaba la capacidad de los militares de actuar como agentes de la ley en suelo norteamericano, puede quedar en nada. Opinan desde los servicios jurídicos militares que ni siquiera haría falta enmendar dicha ley, puesto que el artículo 2 de la Constitución da poderes al presidente del país como comandante en jefe de los ejércitos y, por tanto, depende de su decisión.

Sea como fuere, es evidente que estamos ante una grave cuestión que afecta a la sensibilidad del ciudadano con independencia de cualquier tecnicismo legal. El hecho de que el poder militar tome el control en determinadas situaciones es susceptible de alarmar a un norteamericano medio que jamás ha visto en acción a sus ejércitos de no ser fuera de las fronteras del país. Aprobar el que una fuerza militar de seguridad actúe en el interior de los Estados Unidos es, cuando menos, un asunto que requiere amplio debate y no tan sólo un mero recurso a la Constitución.