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El turismo social europeo está en auge. Hay un mercado latente de más de 80 millones de personas potencialmente beneficiarias del mismo en los países miembros de la Unión Europea, de ahí que el interés del Gobierno español y del Govern balear en liderar a escala comunitaria el proyecto de extender en Europa los viajes de turismo social que imperan en estos momentos en nuestro país, caso de los viajes de la tercera edad del Imserso o el Pla Oci 60, está más que justificado. El impacto económico, social y laboral, junto al efecto desestacionalizador de este tipo de programas al desarrollarse en los meses de temporada baja y media, es lo que motiva el interés existente por extrapolar al resto del continente viajes de turismo social, que engloban los viajes de la tercera edad y viajes para jóvenes, sindicatos y resto de colectivos sociales que necesitan una ayuda financiera para poder disfrutar de un período vacacional. Además, su implantación situaría a España en un lugar privilegiado, por ser un país con una gran demanda en toda Europa, siendo Balears uno de los destinos estrella. Hasta aquí, todo parece bien, pero lo que no debe provocar es que el auge del turismo social en las Islas convierta la oferta de alojamiento que colabore en auténticos hoteles-residencia, con el consiguiente impacto negativo de imagen. Tiene que ser una oferta más, pero no exclusiva para romper la estacionalidad en Balears, porque existe un amplio abanico de productos turísticos de calidad que pueden captar un mercado de alto poder adquisitivo de octubre a marzo. Se trataría, pues, de saber complementar el turismo social con el resto de productos, con el fin de lograr la mayor diversidad posible y no convertir las Islas en una Florida en el Mediterráneo para la tercera edad.