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P. CANDIA/J. M. AGUILÓ
El empresario Juan Holgado Mena ha instado al fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, a que investigue de oficio la fórmula de «expropiación urgente» empleada por el Ajuntament de Palma para construir el futuro Parc de sa Riera, también denominado popularmente Falca Verda. Según el denunciante, el pago de dinero público a «negocios clandestinos», como los define, constituye un supuesto delito de malversación de caudales en el que, al parecer, habría incurrido Cort.

Holgado Mena, gerente de Inversiones Mil SL, asegura en su denuncia que parte del dinero con el que se quiere indemnizar a los negocios existentes en la zona -entre el Camí de Jesús y la barriada de es Fortí-, «son todos ellos clandestinos al no disponer de las preceptivas licencias de instalación, actividad y funcionamiento».

Por ello, ha extendido su denuncia al Ministerio de Medio Ambiente, que tiene previsto aportar un total de 15 millones de euros para la ejecución de la llamada zona B del futuro parque. «No se puede efectuar pago alguno a estos negocios que están fuera de las normativas establecidas por carecer de las licencias preceptivas de instalación, funcionamiento y apertura», señala el escrito registrado por el denunciante el pasado 16 de junio en la Delegación de Gobierno en Balears.

Holgado Mena, asimismo, asegura que el Ajuntament de Palma, «se niega a remitir una y otra vez las certificaciones correspondientes alegando que no están los expedientes concluidos, cosa por otro lado poco probable puesto que están ejecutando las obras». Y añade: «En base a lo expuesto queda patente que estamos ante una administración opaca políticamente, lo cual supone un enervamiento de los estamentos de esta Comunidad y cierre de fronteras administrativas, como se demuestra en las negativas continuas a facilitar datos públicos a los ciudadanos». Juan Holgado es un empresario que mantiene una treintena de contenciosos administrativos con Cort, ya que ha instado ante el juez el cierre de instalaciones que carecen, supuestamente, de licencia de actividad y funcionamiento.

Respuesta
Fuentes del Ajuntament señalaron ayer que Cort había procedido en su momento al cierre de una chatarrería propiedad de dicho empresario, «por carecer de la preceptiva licencia», y añadieron que siempre habían atendido sus denuncias. Sobre las expropiaciones, dichas fuentes recordaron que han sido pagadas «sólo con fondos del Ajuntament». Cort está a la espera de recibir del Ministerio de Medio Ambiente los 2,8 millones de euros previstos para 2005.