Cirer respondía, de este modo, al escrito remitido por Socías a
la alcaldesa el pasado 21 de julio, en el que se indicaba que se
habían observado «irregularidades» en 11 de los 75 artículos del
citado convenio, por lo que se requería la anulación de dichos
puntos «por infringir el ordenamiento jurídico».
El convenio fue firmado el pasado 25 de mayo por los sindicatos
UGT, USO y STEI-i, y posteriormente fue aprobado en el pleno
celebrado el 30 de junio en Cort con los votos a favor del PP y del
PSOE, y la abstención de EU-EV y del PSM.
Cirer recordó ayer que en 1997, siendo ella la delegada del
Gobierno, envió al entonces alcalde de Palma, epopular Joan Fageda,
un escrito semejante al de Socías, referido al convenio que se
firmó en aquel año. «Es normal que a veces surjan diferencias sobre
el contenido de algún artículo», indicó Cirer, quien pidió a los
funcionarios que «estén tranquilos» sobre la validez del convenio.
En la misma línea se pronunció el teniente de alcalde de Hisenda i
Funció Pública, Pedro Àlvarez, quien dijo que «Cort defenderá los
derechos de los funcionarios».
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