Àlvarez reitera que el convenio de los funcionarios se ajusta a la legalidad

Cabe recordar que el pasado 21 de julio, el delegado del Gobierno en Balears, Ramon Socías, remitió un escrito a la alcaldesa de Palma, la popular Catalina Cirer, en el que le decía que se habían observado «irregularidades» en 11 de los 75 artículos del convenio, por lo que pedía la anulación de dichos puntos, en el plazo de un mes, «por infringir el ordenamiento jurídico». El escrito de Socías fue recibido en Cort el 27 de julio.

El secretario de Cort, Agustí Estela, había emitido dos informes con anterioridad a la ratificación del convenio en dicho pleno. En el primero, de fecha 12 de mayo, señaló que las pagas extras no podían ser dobles -tal y como pedían los sindicatos-, ya que serían ilegales, por lo que finalmente sólo se aprobó la entrega de una gratificación extraordinaria en septiembre. En el segundo informe, de fecha 27 de mayo, aconsejó a Cort que fuera extremadamente cuidadoso en la aplicación del convenio para evitar infringir la Ley de Presupuestos.

Àlvarez compareció ayer en rueda de prensa acompañado por representantes de los tres sindicatos que firmaron el convenio, y leyó un comunicado conjunto, suscrito por Recursos Humans del Ajuntament de Palma, UGT, USO y STEI-i, en el que dio a conocer que la Delegación del Gobierno había aceptado la petición formulada por Cort para disponer de un mes más para poder presentar su escrito de respuesta, por lo que el plazo finaliza el 27 de septiembre. «Tenemos previsto entregar el escrito y reunirnos con técnicos de la Delegación del Gobierno esta semana», dijo, y añadió que «primando la vía del diálogo se logrará alcanzar un consenso en la redacción que resulte satisfactorio para todas las partes».