La Conselleria de Salut i Consum ha recibido, desde que entró en
vigor la Llei de Drogodependències i Altres Adiccions el pasado 10
de julio, 35 denuncias derivadas de la aplicación de las nuevas
medidas contra el tabaco, que han derivado en la apertura de 28
expedientes que está instruyendo la Direcció General de Salut
Pública.
Así lo confirmó ayer la consellera de Salut, Aina Castillo,
después de presidir la comisión institucional de seguimiento sobre
la aplicación de la normativa formada por representantes de
Vicepresidència del Govern, Conselleria de Salut, los tres consells
insulares y el Ajuntament de Palma.
Castillo concretó que, de las 35 denuncias, 28 procedían del
aeropuerto y han sido presentadas por la Guardía Civil. Señaló
también que siete de las 35 no derivaron en la apertura de un
expediente ya que, tras recibir las denuncias, los inspectores de
la Conselleria de Salut comprobaron que no había motivo que las
justificase.
Por su parte el director general de Salut Pública, Antoni
Pallicer, explicó que ya han mantenido varias reuniones con los
responsables del aeropuerto de Son Sant Joan sobre esta cuestión y
que ellos les han confirmado que el mantenimiento de las papeleras
con cenicero en sus instalaciones llevan a confusión a los
usuarios, que piensan que aún se puede fumar, una cuestión que el
aeropuerto está tratando de solventar.
Por otra parte la consellera dijo ayer que se ha firmado un
convenio con los responsables de salas de fiestas y discotecas de
las Islas, con la intención de llevar a cabo acciones formativas
para su personal para prevenir el consumo de drogas.
Drogas
La consellera destacó la importancia de actuar en este tipo de
establecimientos, puesto que las salidas nocturnas son uno de los
principales focos de consumo de drogas entre los jóvenes.
Por su parte el coordinador autonómico de drogas, Bartomeu
Jaume, explicó que gracias al acuerdo se darán charlas informativas
y cursos de primeros auxilios al personal de estos establecimientos
para que sepan cómo actuar en caso de que haya indicios de que
algún cliente ha consumido drogas.
En la reunión de ayer también se informó de la reubicación de
los centros de atención a los drogodependientes (CADS) en los
centros de salud; la publicación de guías de recursos e
informativas y del buen funcionamiento de CRIDA, servicio por el
que se informa a los ciudadanos.
La consellera de Salut i Consum manifestó ayer que su
departamento continúa con la intención de elaborar una ley
autonómica de alcohol pero que «estamos un poco a la espera de lo
que decida el Ministerio de Sanidad» que también ha anunciado la
elaboración de una ley estatal sobre esta materia.
«Nosotros no renunciamos a la ley autonómica», puntualizó
Castillo, aunque matizó que se trata de intentar consensuar al
máximo esta cuestión «en la que no hay colores políticos de ningún
tipo» y que beneficaría a todos los ciudadanos.
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