El president del Govern, Jaume Matas, aseguró ayer en presencia de
la presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, que
la modificación del Estatut catalán puede poner en peligro el
sistema político a través de «una reforma constitucional
encubierta». «Es inaceptable que la reforma de la Constitución
española se plantee para satisfacer posturas nacionalistas
radicales y para dar cobertura a un proyecto de estatuto concreto»,
dijo Matas en la clausura de las XI jornadas de letrados del
Tribunal Constitucional que se celebró en el hotel Valparaiso de
Palma.
Para Matas, «no se pueden invertir las reglas del juego y poner
en peligro la estabilidad de nuestro sistema político a través de
una reforma encubierta cuya única finalidad sea hacer posible una
reforma estatutaria a medida, negociada bilateralmente y sin tene
en cuenta los intereses y necesidades del conjunto de la
ciudadanía».
El president del Govern entiende que la Constitución es la que
debe marcar los ritmos y posibildades de los estatutos de
autonomía, y no al revés. «Y es aquí donde quiero volver a situar
mi propuesta del pasado lunes en Madrid, planteando la necesidad de
tomarnos un tiempo, hasta que esto se aclare, estableciendo una
moratoria en la aprobación, que no en la tramitación, de los
proyectos de reforma de los estatutos», repitió el president del
Govern. Matas planteó que las concesiones que el Gobierno de España
decida hacer a una comunidad autónoma, en alusión a Catalunya, no
pueden ser a costa «de los intereses de los demás ciudadanos, al
menos, de los de Balears». «Apenas iniciado el siglo XXI, España
vuelve a vivir unos momentos especiales que requieren una claridad
de ideas, fortaleza de espíritu y lealtad a una Constitución y a un
país que, en las últimas décadas, nos ha aportado el periodo de paz
más prolongado de nuestra historia, nos ha situado entre las
naciones más prósperas y nos ha convertido en paradigma de la
transición política», defendió el jefe del gabinete autonómico. Por
este motivo, Matas considera que el Tribunal Constitucional debe
jugar un «rol decisivo» en este momento histórico.
En presencia de María Emilia Casas, Matas opinó que la
conveniencia de abordar una reforma estatutaria no significa
someter al Estado y a la Constitución que le ampara «a un peligroso
proceso de debilitamiento».
Previamente, el presidente Jaume Matas consideró lógico que la
aprobación de la reforma del Estatut se debe paralizar en el
Parlament y no en las Cortes Generales a la espera de que se
apruebe el texto estatutario catalán. «En estos momentos se puede
tramitar el texto con normalidad, pero es evidente que lo que
suceda con el Estatuto de Cataluña nos va a afectar», añadió el
presidente balear.
Sobre este mismo asunto, la presidenta del Tribunal
Constitucional, que también participó en la clausura de las
jornadas celebradas en el hotel Valparaiso, recordó que los
estatutos están «subordinados» a la Constitución» aunque eludió
referirse a la polémica suscitada por la reforma estatutaria de
Catalunya. «El Tribunal Constitucional siempre ha reconocido el
papel relevantísimo que tienen los estatutos de autonomía como
primera norma de cada ordenamiento autonómico y como norma
institucional de cada Comunidad Autónoma sujeta a las
determinaciones de la Constitución», declaró.
Sobre este mismo asunto, el portavoz del PP balear, Miquel
Ramis, consideró ayer «de sentido común» la propuesta del
presidente del Govern, Jaume Matas, para establecer una moratoria
en la aprobación de las reformas de los estatutos de autonomía
hasta que se vea qué pasa con el catalán.
En conferencia informativa, Ramis recalcó que en el PP «no
existen dos discursos distintos» sobre la reforma del Estatuto,
porque su partido respalda la iniciativa de Matas de paralizar la
aprobación del balear, según informa Efe.
Sin embargo, opinó que el presidente del Ejecutivo, José Luis
Rodríguez Zapatero, se ve ahora obligado a cambiar su discurso
sobre el Estatut catalán, por lo que, a su juicio, ni sus socios de
gobierno «se pueden fiar de él».
A propósito de la reforma del Estatut, PSIB-PSOE y EU-EV
pusieron ayer como condición fundamental para seguir debatiendo la
reforma del Estatuto en la ponencia parlamentaria que el texto
recoja el número de diputados para cada circunscripción, como
medida para evitar que el gobierno de turno pueda modificar esa
cifra según sus intereses.
En este sentido se manifestaron los diputados del PSOE balear y
de EU-EV en el Parlament, Francesc Quetglas y Miquel Rosselló,
respectivamente, tras las declaraciones de la vicepresidenta del
Govern, Rosa Estarás, en las que muestra su preferencia por que el
texto estatutario no recoja esa cifra.
Los socialistas y los rojiverdes pretenden «blindar» la actual
composición del Parlament en el Estatuto para evitar que se pueda
modificar esta distribución simplemente cambiando una ley como la
electoral, para lo cual se exige una mayoría menor que una reforma
estatutaria.
«El ambiente actual no tiene el suficiente clima de confianza
político como para que nos fiemos de promesas», dijo Miquel
Rosselló a este respecto, tras recordar lo que sucedió con el ex
presidente Gabriel Cañellas, que meses antes de unas elecciones
modificó la ley electoral para elevar del 3 al 5 por ciento la
frontera de votos para obtener representación en la Cámara balear,
a juicio de EU-EV para perjudicar a los partidos pequeños como
UM.
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