El titular del Juzgado de lo Social número 3 de Palma, Juan Gabriel
Alvarez Rodríguez, ha reconocido el despido improcedente de tres
trabajadores inmigrantes ecuatorianos sin papeles, y ha condenado a
la empresa Grupo Nueva Gestión Balear S.L. a indemnizar a esos
extranjeros, pese a que carecían de permisos de residencia y
trabajo. Esta es la primera ocasión en que un magistrado aplica con
contundencia la reformada Ley de Extranjería en Balears, que
equipara los derechos de los trabajadores extranjeros con lo de los
españoles, aunque carezcan de la autorización legal para residir y
vivir en España.
Así quedó de manifiesto ayer, en la primera jornada del IV
Encuentro entre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el
Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de
España, que se celebró ayer en el Auditòrium de Palma.
El magistrado que dictó la sentencia asistió al encuentro de
especialistas e informó de su fallo a Ultima Hora, con el cual,
sigue con el criterio ya apuntado por un juez de lo Social de San
Sebastián, que también admitió un despido improcedente de un
inmigrante búlgaro sin permiso.
El juez de Palma explicó que durante el proceso judicial tres de
los seis trabajadores ecuatorianos pudieron obtener sus respectivos
permisos de trabajo y residencia. Sobre ellos, dictó la resolución
obligando a la empresa a readmitirlos o indemnizarlos, pero no con
respecto a los otros tres «sin papeles», que sólo serán
indemnizados debido que, al carecer de permisos, quedó extinguida
la relación laboral.
Los derechos laborales de los ciudadanos extranjeros fueron
ampliamente debatidos en el debate, que fue inaugurado por el
presidente del Govern, Jaume Matas, el secretario de Estado de
Justicia, Luis López Guerra, la alcaldesa de Palma, Catalina Cirer,
el presidente del TSJB, Antoni Terrasa, los presidentes del Colegio
de Graduados Sociales de España y Balears, Javier San Martín y
Francisco Navarro, respectivamente, el decano del Colegio de
Procuradores de España, Juan Carlos Estevez y la presidenta del
Colegio de Secretarios Judiciales de Balears, Silvia Martínez.
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