La Delegación del Gobierno en Balears no tramita ninguna solicitud
de arraigo laboral o social de extranjeros desde el pasado mes de
julio, circunstancia que repercute en la carga de trabajo que están
soportando los dos juzgados de lo contencioso de Palma.
El «cuello de botella» en la Delegación de Gobierno afecta a
cientos de peticiones de inmigrantes, que intentan acelerar sus
respectivas demandas acudiendo al juez.
La coordinadora de Extranjería del Colegio de Abogados,
Margarita Palos, confirmó a este diario que los recursos están
paralizados desde hace cuatro meses, y el portavoz de la Delegación
de Gobierno, Jordi Bayona, explicó que esa situación se ha
producido porque los funcionarios de extranjería, han tenido que
atender más de 21.000 solicitudes de normalización en tres meses.
Por ello, algunos servicios, como el que atiende las peticiones de
arraigo social o laboral, han quedado desasistidos, circunstancia
que se resolverá en los próximos días ya que el proceso de
normalización finalizó hace un mes, dijo Bayona.
Los juzgados
Palos subrayó que la situación planteada en la Delegación de
Gobierno repercute de forma directa en los juzgados de lo
contencioso, que deben atender cientos de recursos que, en
condiciones normales, deberían ser resueltos por la entidad que
dirige Ramón Socías.
La Delegación de Gobierno tuvo que poner en marcha un operativo
especial el pasado mes de febrero, de 90 días de duración, para
intentar evitar, sin conseguirlo, las colas de inmigrantes antes
las oficinas habilitadas especialmente para desarrollar esa
actividad.
Una vez concluido el proceso de normalización, unos 30.000
inmigrantes que llevan trabajando en España «sin papeles» en los
últimos seis meses de 2004 se incorporarán al mercado laboral de
las Islas con todos sus derechos.
Este hecho repercutirá en los ingresos por cotizaciones a la
Seguridad Social. Balears es «un gran receptor de inmigrantes», que
representan cerca del 13% ciento de la población. La mayoría de las
personas que se han acogido al proceso de regularización en las
Islas proceden de Ecuador, Colombia y el Magreb.
El reglamento que desarrolla la Ley de Extranjería estableció un
periodo extraordinario y único de «legalización» por arraigo. De
los trámites, y por tanto de las colas, tuvieron que encargarse los
empresarios, que acreditaron el vínculo laboral con los
inmigrantes. La única excepción fue el servicio doméstico cuando
una persona trabajó para más de un empresario.
Normalización. Segun el nuevo reglamento de extranjería, los
empresarios o empleadores que pretendían contratar a un extranjero
podían solicitar que se les otorgase una autorización inicial de
residencia y trabajo por cuenta ajena, siguiendo varios criterios
establecidos.
Empadronamiento. El trabajador debía figurar empadronado en un
municipio español, al menos, con seis meses de anterioridad a la
entrada en vigor del Reglamento de la Ley Orgánica 4/200, de 11 de
enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en
España.
Proceso. El proceso de regularización de trabajadores
inmigrantes en la Delegación del Gobierno, que dirige Ramon Socías,
no cierra las vías para residir y trabajar en España de forma
legal, ya que no es sino una disposición transitoria del reglamento
de ley de extranjería.
Visado. Para facilitar la inmigración legal, la principal
novedad del texto de la nueva reforma de la Ley de Extranjería
española es la supresión de aquellos trámites que resulten
innecesarios, por lo que el visado podrá tener la consideración de
permiso de trabajo o residencia.
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