Volvemos a figurar los ciudadanos de estas Islas en las
estadísticas más penosas del Estado. Esta vez se trata, además, de
un asunto serio y de primerísima importancia: las pensiones. La
subida media de las pensiones en Balears ha sido del 5'3 por
ciento, algo inferior a la media nacional, cuando sería necesario
un incremento bastante más abultado para ir acercándonos a las
pensiones que gozan en el resto del país.
El tema tiene miga, porque todos sabemos que, por regla general,
los precios son aquí notablemente más altos que en la mayoría de
provincias españolas, igual que los alquileres y la compra de la
vivienda. De ahí que nuestros jubilados, nuestras viudas y las
personas que sufren incapacidad laboral lo tengan todavía más
difícil que los que viven en otras zonas de España.
Aquí la pensión de jubilación anda por los 614 euros mensuales,
una cifra con la que se ven obligados a subsistir más de noventa
mil baleares que, por norma general, además, mantienen a otras
personas de su unidad familiar. La media española está en 687
euros.
Las viudas (y viudos con derecho a cobrarla) se quedan con 408
euros (en España la media es de 454 euros), lo que resulta,
francamente, sangrante.
Todo ello nos devuelve a la dramática realidad de que aquí
seguimos siendo diferentes. Diferentes en el mal sentido. Porque la
discriminación es tangible. Un jubilado del País Vasco cobra, de
media, 770 euros. Una diferencia demasiado grande para poder
justificarla con excusas. Porque nuestros pensionistas no son ni
menos ni más que los de cualquier otra región y es tarea de
nuestras autoridades garantizar que así sea. La dignidad de la vida
de muchas personas depende de ello.
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