Aunque con carácter algo lejano se han fijado ya fechas para que
representantes de Estados Unidos comparezcan ante instancias de la
ONU para responder de las acusaciones de torturas cometidas en
Afganistán, Irak y Guantánamo. En mayo próximo, el Comité contra la
Tortura de la ONU -presidido por el español Fernando Mariño
Menéndez- deliberará sobre las posibles responsabilidades en las
que habrían incurrido al respecto las autoridades norteamericanas,
abriendo así el camino para la posterior acción del Comité de
Derechos Humanos que ha convocado para el mes de julio de 2006 la
audiencia pública a la que deberán comparecer los representantes
designados por Washington.
Los altos funcionarios norteamericanos se verán obligados a
informar acerca de la situación de los arrestados, incluyendo fecha
de captura, inculpación, etapa en la que se halla el procesamiento,
o razones por las que se les encierra en establecimientos secretos.
Aspectos todo ellos sobre los que el Gobierno norteamericano ha
mantenido un silencio que permite suponer la existencia de
irregularidades, cuando no de culpabilidad.
No es preciso recurrir a un gran escepticismo para aventurar que
desde Washington se van a buscar todos los posibles subterfugios
legales a fin de evitar la comparecencia, lo que por cierto
determinaría que aumentaran las sospechas ya existentes sobre
presuntas torturas y arbitrariedades cometidas sobre los presos.
Sea como fuere, la comunidad internacional debe aumentar su presión
sobre unas autoridades estadounidenses que hasta hoy se han
refugiado en un argumento objetivamente tan inadmisible como el de
que no tienen por qué cumplir fuera de sus fronteras las
convenciones firmadas en la ONU.
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