El PSIB acusó ayer al Govern balear de estar secundado la
estrategia de las industrias tabaqueras y manifestó que la ley
autonómica, que no obliga a separaciones físicas, sino funcionales,
entre las zonas de fumadores y no fumadores de los bares coincide
con la estrategia de las multinacionacionales del tabaco.
La ley autonómica establece que incluso en los locales de menos
de 100 metros cuadrados habrá zonas diferentes. La estatal
contempla que en estos casos, decidirá la propiedad del local si se
consume o no tabaco.
Francina Armengol (portavoz socialista) y Vicenç Thomás,
secretario de Salut del PSIB, convocaron una rueda informativa en
la que explicaron que el servicio de información de la Conselleria
de Salut que aclara las dudas sobre la ley, «confunde», «da
información errónea» y, además, «instiga» a incumplir la normativa
estatal. Los socialistas anunciaron dos acciones inmediatas: una
requisitoria a la propia Conselleria para que investigue si
incumple la ley y, por otro lado, una comparecencia parlamentaria
de la consellera Aina Castillo.
En opinión de Armengol, Castillo está usando la ley antitabaco y
las instituciones para «hacer oposición al Gobierno de la Nación»,
además de entregarse a los «intereses particulares» del sector de
la hostelería.
Los socialistas han comprobado que la actitud del Govern
coincide con unas directrices contenidas en un informe interno de
una compañia tabaquera.
Este documento prevé campañas de actuación e información
dirigidas a estanqueros, hosteleros, minoristas, medios de
comunicación, clubes de fumadores, empresas de publicidad,
políticos y gabinetes de abogados para crear «un clima favorable al
tabaco» que contempla, incluso, mensajes del tipo «la gente seguirá
fumando igual» para evitar que las normas lleguen a aplicarse.
Esta estrategia, interceptada desde la dirección estatal del
PSOE y desde organismos del Gobierno, es típica de países como los
Estados Unidos donde los lobbies ejercen una gran influencia,
incluso sobre los políticos.
El PSIB remarca que un 70 por ciento de la población no fuma y
que la ley estatal pretende velar por los intereses de la mayoría,
mientras que la actuación del Govern va en sentido contrario.
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