Empresarios del sector de la restauración de las Islas han
calculado que adaptar sus bares y restaurantes, de más de cien
metros cuadrados, a la «ley antitabaco» nacional les costará entre
6.000 y 30.000 euros, así lo afirmó ayer el coordinador autonómico
de Drogodependencias, el doctor Bartomeu Jaume.
«Son muchos los empresarios que se han puesto en contacto con
CRIDA para pedir información sobre la tramitación de expedientes
para llevar a cabo las obras de adaptación de los locales», explicó
Jaume y añadió que también consultan sobre la posibilidad de que la
administación asuma parte del coste de las obras.
Por su parte las patronales CAEB y PIMEB han encargado sendos
estudios sobre cual será el coste real de esta adaptación para los
propietarios de los locales de más de cien metros cuadrados y han
confirmado que muchos empresarios estudian reducir los metros de
sus establecimientos para no tener que realizar las obras en plena
temporada.
Por otra parte la consellera de Salut i Consum, Aina Castillo,
confirmó ayer que el PSIB-PSOE ha denunciado a su departamento ante
la propia conselleria por el hecho de aplicar la normativa
autonómica en los bares y cafeterías de menos de cien metros
cuadrados y por dar, según los socialistas, información «confusa»
desde el servicio CRIDA a los ciudadanos que consultan sobre esta
cuestión. Castillo afirma que la denuncia ha sido puesta a
disposición de los servicios jurídicos y que no acaba de entender
la actitud de los socialistas cuando los juristas «nos han dado la
razón sobre la aplicación de la normativa».
Por otrar parte las comunidades autónomas de Aragón,
Castilla-León y la Comunitat Valenciana han solicitado información
al Govern balear sobre las medidas que se aplican en las Islas en
los bares de menos de cien metros cuadrados.
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