A pesar de la nocturnidad -y alevosía, dicen algunos- con que el
presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, logró un
principio de acuerdo sobre la reforma del Estatut catalán con el
líder de la oposición en aquella región, Artur Mas, lo cierto es
que Catalunya sale beneficiada, y mucho, con los pactos alcanzados.
Dejando de lado la salomónica solución sobre la inclusión de la
palabra «nación» en el articulado del texto reformado, equid de
esta cuestión, que es la financiación, rezuma espíritu positivo. La
cesión de la gestión de los principales impuestos -el Estado se
queda el cien por cien del impuesto de sociedades, pero cede
generosos tramos de los demás- hace prever una mejora sustancial de
la financiación de la autonomía.
Hecho éste que nos lleva a la siguiente reflexión: si Catalunya
consigue gestionar semejante montante económico, Balears debe
reclamarlo de inmediato. No caben en estos momentos alusiones a lo
«histórico» de Catalunya, País Vasco y Galicia; tampoco procede
hablar de ideologías ni de partidos. De lo que hay que hablar es de
la posibilidad de que cada gobierno autonómico -respetemos la
alternancia política- pueda poner en marcha sus propios proyectos,
y para eso es necesario contar con una suficiente financiación. Por
eso Balears tiene que esforzarse en unir sensibilidades, en dejar
de lado partidismos absurdos y aunar la fuerza necesaria para
exigir en Madrid cualquier privilegio que otras autonomías puedan
conseguir.
Todos sabemos que políticamente Balears tiene escasa fuerza,
pero económicamente tenemos mucho que decir. Aportamos al Estado
ingentes cantidades de dinero y es lícito y legítimo que reclamemos
una compensación.
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