Más de la mitad de los españoles desconfía de la Justicia por
considerar que los tribunales funcionan mal, disponen de pocos
medios y resultan lentos, además de conceder un trato desigual a
los ciudadanos. Es un dato estremecedor, si tenemos en cuenta que
la universalidad de la justicia es uno de los pilares del Estado de
derecho y, por ende, de la democracia.
Con estos antecedentes, no sorprende tanto saber que los
juzgados de Balears acumulan más de mil casos de violencia de
género sin resolver, otro dato que da mucho que pensar y que
lamentar. Porque los juzgados amontonan miles de casos pendientes
de toda índole, un drama personal en muchas ocasiones, pero que se
atasque la resolución de delitos de violencia doméstica es, con
toda seguridad, una tragedia. Porque en eso estamos todos de
acuerdo: una mujer -en excepcionales ocasiones también un hombre y
demasiado a menudo, los hijos- amenazada de muerte por su compañero
sentimental está en la cuerda floja; su vida pende de un hilo. Y
esa circunstancia debería obligar a las autoridades -desde los
políticos a los jueces, pasando por las fuerzas de seguridad- a
ponerse en alerta máxima.
No se puede consentir que la falta de medios, de personal, de
partidas económicas, de espacio físico o de lo que sea impidan la
toma de decisiones rápidas y enérgicas para contener un fenómeno
que ya se ha desbordado demasiado. La ciudadanía en general está
sensibilizadísima con este tema y nuestros dirigentes deben hacer
lo propio, es decir, priorizar la resolución de unos casos que, por
desgracia, ya se ha comprobado que muchas veces culminan con la
muerte de una persona, o de varias. No permitamos que en nuestro
entorno, en Balears, suceda algo parecido.
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