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La Justicia argentina ha dado el paso definitivo que conducirá al enjuiciamiento de los altos cargos militares del país que participaron en la conocida como «operación Cóndor». La decisión adoptada días atrás por los magistrados de la Cámara Federal ratifica así las medidas decretadas en el año 2004 por un juez, dando vía libre al juicio.

Los jefes de la dictadura argentina están ya procesados y bajo arresto por distintas causas, pero lo que ahora constituye novedad es la posibilidad de llevarles a juicio por su participación en aquella red represora internacional en la que tomaron parte los Gobiernos militares de Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile, Brasil y Bolivia.

De la «operación Cóndor» se venía hablando desde los años 70, pero no fue hasta principios de los 90 cuando se descubrieron en Paraguay los denominados «archivos del terror», que daban fe documental de la existencia de aquella macabra conspiración que hizo posible el secuestro, tortura y asesinato, en prácticamente todo el continente sudamericano, de decenas de miles de opositores a las dictaduras que por entonces eran allí mayoría.

Hoy, cuando en aquellos países prospera la democracia, el impulso que llega desde Argentina llamado a conseguir que tantos crímenes no queden impunes, tiene grandes posibilidades de convertirse en una causa común. Los pueblos que padecieron el horror desencadenado por la «operación Cóndor» tienen derecho a desbrozar su pasado, por duras que resulten para los supervivientes las circunstancias que saldrán a la luz.

Unas sociedades que enfilan hoy el futuro desde una mayor libertad también están en situación de exigir justicia.