La consellera de Salut i Consum, Aina Castillo, no ha querido
valorar el proyecto de decreto de la Comunidad de Madrid que ha
enfrentado al gobierno presidido por Esperanza Aguirre con el
Ministerio de Sanidad y Consumo y ha matizado que en las Islas se
aplica la «ley antitabaco» nacional, excepto en los bares de menos
de cien metros cuadrados en los que se aplica la normativa
balear.
Castillo recordó ayer que ha remitido tres cartas a la ministra
Elena Salgado para poder reunirse con ella y una representación de
los empresarios de las Islas con la intención de pedir una prórroga
para la ejecución de las obras de adecuación de los
establecimientos de más de cien metros a la normativa estatal.
Reunión que todavía no ha sido concretada por parte de la
ministra.
De todas formas desde la Conselleria de Salut dejan claro que la
polémica de Madrid no hace más que dar la razón al Govern balear en
cuanto a que en la ley nacional hay aspectos que no están claros y
reiteran que la ley balear es, en según que puntos, más restrictiva
que la nacional.
Restauración
El sector de la restauración de las Islas también se muestra reacio
a opinar sobre la polémica entre el gobierno de la Comunidad de
Madrid y el Ejecutivo central. Joan Miralles, presidente de
restauración de Pimem dijo ayer que «no queremos entrar en
polémicas, para nosotros lo que está claro es que la decisión del
Govern de aplicar la normativa autonómica en los bares de menos de
cien metros cuadrados ha sido muy adecuada».
Para Antoni Mas, presidente de Restauración de CAEB, está claro
que la decisión de Balears «ha sido adecuada» todo ello sin querer
entrar en polémicas sobre lo que está pasando en otras comunidades
autónomas y en concreto entre la Comunidad de Madrid y el
Ministerio de Sanidad.
De la misma opinión es Francisco Martínez, presidente de bares y
cafeterías de la Asociación de Restauración de CAEB, quien ha
matizado que «aunque no conozco al detalle el decreto de Madrid
supongo que no hace más que desarrollar la normativa nacional» al
igual que lo ha hecho Balears, lo que, según Martínez está siendo
todo un éxito.
El principal punto de discrepancia entre la Comunidad de Madrid
y el Gobierno central es que el proyecto de decreto los bares y
restaurantes de más de cien metros cuadrados de los centros de
trabajo podrán establecer zonas para fumadores como el resto de los
establecimientos.
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