Los lamentables incidentes vividos el pasado sábado en la romería de Sant Bernat, en la que un grupo de intolerantes se saltó las más elementales normas democráticas al impedir a unos ciudadanos -ya sean concejales, ya sean fieles romeros, eso es anecdótico- el acceso al monasterio, han dado paso esta semana a un cúmulo de desatinos y despropósitos que dice muy poco de casi todos los que han opinado en un sentido u otro. Las manifestaciones son una demostración democrática y legítima y a los representantes de la Plataforma les asiste todo su derecho a expresar su oposición a un proyecto del Govern de Jaume Matas.
Lo que no se puede tolerar es que esa legitimidad democrática se utilice para coartar los derechos de otros ciudadanos, que también legítimamente querían acceder al monasterio. Ni se puede cerrar el paso ni se deben establecer condiciones, como la de quitarse el pañuelo y la caña de romero para entrar al recinto. Puede que la Plataforma de La Real no tuviera nada que ver con estas muestras de repudiable intolerancia, pero sus representantes tampoco pueden eludir la responsabilidad que le corresponde y lavarse las manos asegurando que semejantes actitudes no van con ellos. Si quieren mantener el apoyo ciudadano a sus reivindicaciones, deben actuar para apartar de raíz a quienes emplean sus protestas para fines espúreos.
Si lo vivido el sábado fue lamentable, la sucesión de declaraciones de estos días raya el absurdo. Acusar a los monjes de provocar los incidentes es una exageración; decir que el PP emplea métodos poco democráticos de propaganda política es un despropósito. En una sociedad como la mallorquina, poco dada a estos espectáculos, lo mejor para todos sería que la polémica acabe cuanto antes.
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