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S.C./EFE
La presidenta del Consell de Mallorca, Maria Antònia Munar, anunció ayer que aplicará a todos los empleados de la institución las mejoras laborales que el viernes se aprobaron para los de s'Institut a instancias del PP y que, a su juicio, se implantaron para «contentar a los funcionarios en un año electoral», concretó.

La también presidenta de Unió Mallorquina se preguntó si, con esta «jugada a corto plazo», el presidente de s'Institut, Antoni Serra, tenía como objetivo entablar «una guerra de funcionarios» entre los del Consell, gobernado por UM, y el organismo de Servicios Sociales, controlado por el PP, de cara a las próximas elecciones.

Munar se refirió a la aprobación de las mejoras para la plantilla del Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca (s'Institut) que ayer se llevó a aprobación, a pesar de que el tema no se había pactado entre los socios de gobernabilidad.

En cualquier caso, calificó de «poco ético» que el presidente s'Institut, Antoni Serra, tramara estas medidas «a escondidas, con nocturnidad y alevosía», ya que en ningún momento las acordó con los responsables de Economía y de Presidencia de la institución.

Al mismo tiempo, consideró «infantil» esta actitud, «más propia» de un niño «que de un responsable» de un organismo público, ya que no se puede pensar que los que hay delante son «más tontos» que uno mismo, sino que, como mínimo, hay que creer que son «igual o un poco más inteligentes».

En este sentido, ironizó sobre la «casualidad» que supone que un político haga esta propuesta, «que rompe con la dinámica y las posibilidades de la institución», a «medio año» de las elecciones, y se preguntó si lo que quería el PP es que se entrara en una «guerra de funcionarios», concretó la presidenta del Consell. «No entraremos en ninguna guerra con los sindicatos y los funcionarios, se cumplirá la promesa», dijo y anunció que el Consell trabajará para hacer extensivas a todos los empleados de esta administración las mejoras que han logrado los trabajadores de s'Institut, a fin de no caer en el «agravio comparativo» que supondría aplicar dichas medidas solamente a una parte de la plantilla de la institución.