El recurso de la fiscalía Anticorrupción contra la puesta en libertad de Eugenio Hidalgo y Jaume Gibert, principales imputados en la 'operación Voramar', no se resolverá hasta entrado el mes de enero al quedar fuera de los supuestos más urgentes del enjuiciamiento penal, que se refieren a la situación contraria, esto es, a la decisión sobre un acusado que está en presidio antes de ser sometido a juicio.
El hecho de que el recurso contra la libertad de Hidalgo y Gibert fuera presentado directamente en la Audiencia provincial carece de significado respecto a la confianza procesal en el juez instructor, pues la normativa vigente hace innecesario insistir ante quien ha tomado una decisión sobre la idoneidad de la misma.
El departamento que lidera Juan Carrau ha insistido en su recurso contra la excarcelación de ambos imputados en los argumentos con los que solicitó su ingreso en la cárcel tras la detención: la gravedad de los delitos que les atribuye y, de manera especial, la posibilidad de que puedan destruir o alterar pruebas de los ilícitos penales por los que son perseguidos.
A ese respecto, el juez de Instrucción número 12 -que ejercía de guardia en Vía Alemania- y el fiscal Carrau, despacharon ayer con normalidad sobre procedimientos en los que actúan.
Respecto a la «inusual» convocatoria de Carrau a los medios informativos para dar cuenta de las líneas principales de su oposición a la libertad bajo fianza de Hidalgo y Gibert, conviene recordar que se trató de un acto ajustado al Estatuto del Ministerio Fiscal, en cuyo artículo 4 dice textualmente que los fiscales «informarán a la opinión pública de los acontecimientos que se produzcan en el ámbito de su competencia, con respeto al secreto del sumario y a los deberes de sigilo inherentes a los derechos de los afectados».
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