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M.JUNCOSA
El Plan de Prevención del Fraude Fiscal del Ministerio de Economía y Hacienda ha hecho aflorar en Balears 74 millones de euros en concepto de ingresos por alquileres en el Impuesto de la Renta que hace dos años no se declaraban, así como 11 millones de euros correspondientes a rentas imputadas por segundas residencias, según informó ayer el delegado de la Agencia Tributaria en las Islas, Raúl Burillo.

La delegación de la Agencia Tributaria en Balears recibió durante la campaña de renta de este año (ejercicio fiscal 2005) un total de 400.842 declaraciones de IRPF, lo que supuso un crecimiento del 4,7 por ciento respecto al ejercicio anterior.

En concreto, durante la campaña de renta de este año (ejercicio fiscal 2005) declararon obtener ingresos por alquiler de inmuebles un total de 41.252 contribuyentes de Balears, un 14,6 por ciento más que antes de la entrada en vigor del plan de prevención del fraude hace dos años. Estos arrendadores declararon unos ingresos de 433,5 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 20,7 por ciento respecto al ejercicio fiscal 2003.

De igual forma, el delegado de la Agencia Tributaria informó que 96.669 contribuyentes declararon ser propietario de más de una vivienda o inmueble, un 29 por ciento más de lo declarado hace dos años. En cuanto a las rentas imputadas en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas por esas segundas residencias, informó que se incrementaron en un 32,6 por ciento hasta 45,83 millones de euros.

Como se recordará, el Gobierno introdujo hace dos años la obligación de incluir en la declaración de la renta si el domicilio del contribuyente es en propiedad o en alquiler, así como indicar la referencia catastral de la vivienda habitual y de otros inmuebles de su propiedad.

De esas declaraciones, 113.710 resultaron a ingresar por valor de 229 millones de euros, mientras que 283.420 solicitaron la devolución por un importe de 217 millones de euros.

El delegado de la Agencia Tributaria explicó el hecho de que «por primera vez en años» las cantidades ingresadas superen a las devueltas por la situación de crecimiento económico y la eficacia de la lucha contra el fraude, por un lado, y como consecuencia del aumento de la utilización de deducciones o reducciones por parte de los contribuyentes.