Una representación de la Conselleria d'Agricultura i Pesca, encabezada por el director general de Pesca, Miquel Àngel Calviño, se reunió ayer con responsables del Ministerio para tratar este asunto. Otras peticiones de Balears, referidas a la implantación de la medida de manera gradual o hacer una excepción con las Islas, fueron rechazadas por el Gobierno central, al considerarlas ilegales, inviables y un agravio respecto a otras especies y otras comunidades.
Lo único que se consiguió del Ministerio fue el estudio de la creación de planes de usos y gestión que podrían establecer indemnizaciones fijadas a partir de comparativas y tantos por ciento de capturas respecto a años anteriores. Estas indemnizaciones no irían más allá de dos años (un año y otro de prórroga). Aún no se sabe cómo se financiarían estas indemnizaciones. Se espera contar con ayudas de líneas europeas y el resto lo aportarían el Estado o la Comunitat autònoma, o ambas a la vez.
Calviño declaró que «la talla mínima de 9 centímetros no es tan mala y podrá ser asumida, con cierta resignación, por los pescadores, pero lo que realmente querían éstos era que la medida se implantase de manera gradual».
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