Hacer la carreteras que se deciden en Madrid

Cabe tener muy presente que la aportación del Estado es imprescindible ante la manifiesta insuficiencia de la financiación autonómica que recibe Balears. Por tanto, la firma de los convenios por parte del departamento de Magdalena Àlvarez con los diferentes consells reduce el déficit histórico que las instituciones insulares tienen respecto a los fondos estatales; circunstancia que no logran resolver los diferentes modelos financieros que pacta el Estado con las comunidades autónomas "excepto en el País Vasco y Navarra por el concierto económico".

No obstante, todavía es más grave que la financiación de Madrid esté condicionada a los diferentes proyectos presentados por los consells, cuando, teniendo en cuenta el modelo autonómico consagrado en la Constitución y en los respectivos estatutos, éste es un punto que ataca de un modo más que directo al autogobierno de cada una de las comunidades y eje central del contencioso sobre el convenio anterior entre Madrid y Palma, todavía pendiente de pago. En definitiva, Balears "sea cual sea el color político de sus instituciones" debe poder decidir, sin condiciones, en qué proyectos viarios quiere invertir los fondos procedentes de la Administración central. Las prioridades inversoras deben radicar en el Govern y en los respectivos consells, auténticos depositarios de la voluntad de los ciudadanos de Balears. El sistema actual palía, pero no resuelve el problema.