La defensa de varios de los imputados en el 'caso Can Domenge' presentó ayer ante el titular del Juzgado de Instrucción 12 de Palma un escrito solicitando el sobreseimiento libre y archivo de la causa en el que rebate, una a una , las imputaciones del querellante, el grupo de empresas Nuñez y Navarro, amparándose en el informe elaborado por el catedrático de Derecho Administrativo, Avel·lí Blasco, que ayer resumió este diario.
Tras insistir en que ese informe, de 27 folios, refleja «la pulcritud legal del concurso de Can Domenge', y que su lectura, «imposibilita de plano la construcción de los tipos penales por los que se acusa a nuestros patrocinados», los abogados Eduardo Valdivia y Jaime Campaner presentan sus alegaciones ante el juez.
El informe de Avel·lí Blasco certifica la legitimidad del concurso público de Can Domenge, tal y cómo subrayan los letrados, quienes afirman que «ni siquiera puede plantearse la posibilidad de la comisión del delito que constituye la piedra angular sobre la que gravita la acusación, cual es la prevaricación de funcionario público, en la medida en que, amén de que la decisión cuestionada por la acusación popular la adoptó un órgano colegiado "detalle nada desdeñable", ya en sede de tipo objetivo, el precepto exige que se dicte una resolución 'arbitraria', cuestión que descarta por completo el informe del catedrático Avel·lí Blasco».
También, los abogados combaten en su escrito las imputaciones de un supuesto de delito de malversación de un bien inmueble y recuerdan al juez que el proceso de enajenación de Can Domenge era un hecho público y notorio, «lo cual imposibilita la comisión del delito de revelación de secretos».
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