Organizaciones empresariales y profesionales, lideradas por el Cercle d'Economia que preside el ex conseller Alexandre Forcades, han hecho público un manifiesto en el que se reclama una modificación en el sistema de financiación autonómica que afecta a Balears, el cual "según el estudio presentado" agudiza las diferencias entre las aportaciones que se realizan al Estado y su retorno; una situación que los integrantes de esta amplia plataforma cívica no dudan en calificar de discriminatoria.
La denuncia no es nueva. Desde la creación de la Comunitat Autònoma, en marzo de 1983, todos sus responsables, y con independencia de su color político "desde Gabriel Cañellas a Francesc Antich", han coincidido en reclamar ante la Administración central el agravio que supone para Balears un modelo de financiación que no tiene en cuenta las variable básicas en la estructura social y económica de las Islas. Una población de hecho "debido a la actividad turística y el flujo migratorio" muy superior a la que figura en el censo y unos costes de insularidad que lastran la expansión económica de nuestras empresas.
La plataforma, que debería ampliar su base con incorporaciones de sectores productivos y sindicatos, quiere plantear su argumentación ante el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Éste será un buen momento para evaluar cuál es el grado de sensibilidad que tiene Madrid para resolver el problema real de Balears que, es curioso, le llegará de la mano de la sociedad civil y no de su representación política. Todo un contrasentido. Lo importante será el resultado final. La de ahora es una buena ocasión para que Balears alce la voz para resolver una manifiesta injusticia sin que ello signifique renunciar a la cuota de solidaridad con el resto de España.
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