El teniente de alcalde de Urbanisme y presidente de la Empresa Municipal d'Obres i Projectes Urbans de Palma (Emop) en el pasado mandato, el popular Javier Rodrigo de Santos, pidió dinero en diversas ocasiones "al menos en un caso hasta un máximo de 3.000 euros", entre finales de 2007 y principios de 2008, a personas amigas, tanto del PP como ajenas a la política. De Santos justificaba su petición diciendo que no podía llegar «a fin de mes», situación que vendría motivada por el hecho de tener que pagar una hipoteca y tener una familia con cinco hijos. El ex edil siempre devolvía el dinero.
Todas las personas consultadas por este periódico coincidieron en afirmar que nunca tuvieron la más mínima sospecha de que De Santos pudiera destinar el dinero que se le prestaba a otros fines que no fueran los de pagar, por ejemplo, la hipoteca, los recibos del coche u otros gastos en el ámbito de su hogar.
Cabe recordar que la Fiscalía de Balears presentó la pasada semana una querella contra De Santos por una presunta malversación continuada de caudales públicos. De Santos habría gastado, presuntamente, unos 50.000 euros en acudir a locales de prostitución masculina y en el consumo de cocaína a cargo de la tarjeta de crédito de que disponía en función de su cargo como presidente de la Emop. El ex regidor devolvió a Cort la pasada semana el dinero que habría gastado.
El proceso de investigación se inició el pasado 7 de febrero, según recordó de nuevo ayer el teniente de alcalde de Hisenda del Ajuntament de Palma, el socialista Andreu Alcover, cuando la empresa Ernst & Young entregó a Cort los resultados provisionales de la auditoría sobre las cuentas de la Emop de 2006, auditoría que fue encargada de forma voluntaria, sin ser obligatoria, por el anterior equipo de gobierno, que presidió la popular Catalina Cirer. Unos días después, el pasado 20 de febrero, el actual equipo de gobierno, que preside la socialista Aina Calvo, remitió a la Fiscalía de Balears los resultados provisionales de dicha auditoría.
Alcover confirmó ayer que la Junta de Govern aprobó la anulación de las dos tarjetas de crédito para gastos de representación que aún estaban vigentes en la actualidad, que eran la de la EMT, que poseía la actual gerente, Fuensanta París, con un límite de 1.500 euros al mes, y la del Institut Municipal d'Esports (IME), que poseía su presidente, el regidor Baldomero Oliver, con un límite de 3.000 euros al mes. El actual gerente de la Societat Municipal d'Aparcaments de Palma (SMAP), Joan Antoni Llauger, así como Calvo, presidenta de la Emop, y Cristina Díaz, gerente de dicha empresa, renunciaron, al inicio del nuevo mandato, a la posibilidad de tener una tarjeta.
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